La guerra de los bits

Derechos de autor en la era digital

Posts Tagged ‘ley Sinde’

12 años después

Posted by Krigan en 9 abril 2011

Hace ya casi 12 años que se inventó el p2p. Intentando parar lo imparable, la industria de contenidos se dedicó ya desde 1.999 a demandar a Napster y otras empresas del p2p, llevándolas a la ruina por sentencia, pero no consiguieron que la gente dejase de descargar. Después, del 2.003 al 2.008, las discográficas estuvieron demandando a decenas de miles de internautas en Estados Unidos, pero tampoco así consiguieron nada.

Lo arriba mencionado es la vía ordinaria de represión legal. Cuando crees que alguien viola tus derechos, lo denuncias, y si el juez te da la razón el culpable recibirá su castigo, de acuerdo con la ley. Pero esto no funcionó, así que la industria empezó a pensar en métodos extraordinarios, como si todo nuestro sistema legal se debiera estirar como un chicle para cumplir con sus deseos.

Por ello, a partir del 2.008 la industria estuvo impulsando en un gran número de países la aprobación de las llamadas leyes de los 3 avisos. Si se detecta 3 veces que la IP de un usuario es usada para descargar, su conexión a Internet será cerrada durante varios meses, dejando sin Internet a toda la familia, incluso si es un vecino el que descarga aprovechando un router wifi mal protegido.

Naturalmente, a las telecos no les gustó la posible pérdida de miles de clientes, incluso si el que descarga es el hijo del titular, o incluso si el que descarga es el vecino. En el 2.008 parecía que medio mundo iba a adoptar las leyes de los 3 avisos, pero el lobby de las telecos empezó a reaccionar, y al final tales leyes se han aprobado en sólo 2 países, Corea del Sur y Francia. En ninguno de ellos los internautas han dejado de descargar, así que había que pensar en otra cosa.

Ya desde el 2.009, viendo que en algunos países como Estados Unidos y España el lobby de las telecos es más poderoso que el suyo, y que en esos países no se aprobaría ninguna ley de los 3 avisos, la industria de contenidos ideó una alternativa: bloquear las webs de enlaces. Lo cual es un pelín absurdo, dado que se puede descargar igual del p2p sin estas webs, pero sí son necesarias para la descarga directa (mientras nadie desarrolle un p2p de enlaces, claro). Como resultado de ello ha sido aprobada en febrero la ley Sinde en España.

¿Servirá de algo? Por supuesto que no, sobre todo si tenemos en cuenta que un organismo administrativo norteamericano llamado ICE ha estado procediendo al bloqueo de nombres de dominio de webs de enlaces desde junio del año pasado, y lo que ha pasado es que tales webs, en lugar de cerrar, en su gran mayoría simplemente han cambiado de nombre de dominio. Y si algún día bloquean su IP, simplemente la cambiarán como han hecho con el nombre de dominio.

En 12 años hemos pasado del uso ordinario del sistema legal a la aprobación de leyes extraordinarias, encaminadas a castigar seas culpable o no, y eliminando a los jueces porque les resultan molestos con sus sentencias absolutorias. Leyes que ya se ha visto que no les funcionan, incluso antes de ser aprobadas en nuestro país se ha comprobado que tales medidas no han servido de nada en otros países.

Asistimos pues al curioso espectáculo de que ahora la industria quiere aprobar en Francia una ley similar a nuestra ley Sinde, porque su ley Hadopi no les va, mientras que en España la industria vuelve a la carga pidiendo una ley como Hadopi, porque ya saben de antemano que la ley Sinde no va a rular. ¿Va a ser esta la principal tarea de los legisladores de todo el mundo los próximos 12 años? ¿Copiar los juguetes rotos de otros países? ¿No deberíamos tener alguna constancia de que una ley va a servir de algo antes de aprobarla?

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Posibles escenarios tras la ley Sinde

Posted by Krigan en 16 febrero 2011

Ayer se aprobó definitivamente la ley Sinde en el Congreso, con los votos a favor del PP, PSOE, y CiU. Sin embargo, el panorama legal que se le presenta a la ministra es como poco complicado, empezando por la obvia posibilidad de que la ley que lleva su nombre acabe siendo declarada inconstitucional. A la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, lo cual llevará su tiempo, hay también otras complicaciones legales que merece la pena tratar.

En principio, a la hora de autorizar el cierre de una web, la ley Sinde sólo le permite al juez el considerar si se ven afectados los derechos contenidos en el artículo 20 de la Constitución. Lo de valorar si la web es legal o ilegal queda para la Comisión de una ministra que es parte interesada en el asunto. Sin embargo, el art. 20 versa precisamente sobre la libertad de expresión e información, con lo cual nos encontramos con la paradoja de que la ministra pretende (o eso suponemos) que el juez declare que no se ve afectado el derecho a comunicar y recibir libremente información (art. 20.1) cuando la finalidad de una web de enlaces es precisamente la de informar a sus usuarios sobre cuáles son los mejores enlaces para la descarga.

Por si fuera poco, en ese mismo art. 20 nos encontramos en su punto 5 conque “Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.” ¿Existen webs en Internet que se pueda considerar legalmente que no son publicaciones? ¿Hay alguna web de enlaces que entre en esta misteriosa categoría de no ser una publicación?

Sinceramente, no tengo ni idea de cómo van a reaccionar los jueces ante esto. A mi modo de ver, los jueces deberían negar por sistema la autorización porque siempre se van a ver afectados tanto el derecho a la libertad de información, como el derecho a que un secuestro de publicación sea por resolución judicial, y no administrativa. Lo cual, por supuesto, pone en entredicho la constitucionalidad de esta ley, pero eso se lo dejamos al Tribunal Constitucional. Mientras tanto, el juez tendrá que decidir si paraliza el procedimiento mediante consulta al Constitucional, si niega por sistema la autorización, o si se pone a deshojar la margarita en cada caso, recurriendo a extrañas doctrinas para decidir si una web de enlaces da o no información a sus usuarios, y si tal web es o no una publicación.

Otro de estos “misterios” legales es cómo resulta posible que un juez considere sólo un artículo de la Constitución, sin tener en cuenta al resto, que otros 14 artículos de la misma son tan derechos fundamentales como el art. 20. Recordemos que en el art. 25.1 se lee que “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.”

Varias de estas webs ya han sido absueltas, y la vía del recurso ya quedó agotada. Si el cierre de una de estas webs no es sanción, entonces, ¿qué es? ¿Una medida preventiva? ¿Cómo puede ser una medida preventiva si el caso ya fue juzgado y la web  salió absuelta? Nuevamente la ley Sinde se da de tortas con la Constitución, salvo que los jueces denieguen por sistema el cierre a las webs que ya han sido absueltas. Pero entonces, ¿cuál es el objeto de la ley Sinde?

Por si fuera poco, la Comisión de la ministra es la que resuelve, y resulta que es delito de prevaricación el dictar resolución injusta a sabiendas. Los miembros de la Comisión, ¿cómo van a alegar que no sabían que la web es legal si hay previamente  sentencia absolutoria? ¿Los veremos en el banquillo de los acusados?

Claro está que la ley Sinde encierra un entresijo. Primero la Comisión ordena la retirada de un enlace. Tan sólo resolverá el cierre de la web si el enlace no es retirado. Con esto ya se supone que el webmaster tiene “conocimiento efectivo” de que el enlace es ilegal, y debería retirarlo. Pero es que eso es mucho suponer, precisamente porque las absoluciones no se basaron en la falta de conocimiento efectivo de los webmasters, sino en el hecho de que enlazar la obra no es un acto cubierto por los derechos de autor. En términos legales, estas webs no realizan una “comunicación pública” de la obra, se limitan a enlazarla, no hay violación alguna de los derechos de autor por su parte.

Con todo esto van a tener que lidiar los jueces, incluidas las previsibles demandas por prevaricación contra los miembros de la Comisión. ¿Tanto costaba que los jueces decidiesen sobre el fondo del asunto? ¿Tanto costaba que siguiesen siendo ellos los que deciden si una web es legal? Esta era la principal y casi única demanda de los internautas. Pero claro, el objetivo de la ley Sinde no es otro que el de quitar a los jueces de en medio, porque estaban resultando molestos para una industria de contenidos que siempre se ha creído con el derecho divino a decidir lo que es legal y lo que no. Bautista dixit.

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