La guerra de los bits

Derechos de autor en la era digital

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Esto lo pagamos todos

Posted by Krigan en 9 octubre 2010

Supongo que recordarán la ley Hadopi. Es una ley francesa en virtud de la cual los internautas del país galo recibirán por correo electrónico un primer aviso si son detectados descargando obras protegidas del p2p. Si son detectados por segunda vez en un plazo de 6 meses desde el primer aviso, recibirán por correo certificado un segundo aviso, y si se les detecta por tercera vez en un  plazo de un año desde el segundo aviso, se les cortará la conexión.

Es decir, todo esto le pasará al titular de la conexión, que no tiene porqué ser la persona que descarga, lo mismo podría ser que el titular sea el padre y el que descarga sea el hijo, o un vecino usando el wifi por la patilla, pero la conexión se la cortan a toda la familia, aunque la mayoría de sus miembros no tengan la culpa de nada.

Esta maravillosa ley iba a entrar en funcionamiento en enero del 2009, pero ha sufrido grandes retrasos por causa de una fuerte resistencia en el parlamento francés, donde Sarkozy tuvo que presentar la ley por segunda vez tras haber sido inicialmente rechazada, unido al hecho de que el constitucional francés posteriormente declaró inconstitucional parte de la ley, lo cual forzó a aprobar una nueva versión de la misma, que también fue declarada parcialmente inconstitucional. Después llegó el desarrollo reglamentario de la misma, siempre bajo la espada de Damocles del constitucional, siempre mirando a ver por dónde se puede bordear la constitución francesa. Entre unas cosas y otras, los primeros avisos no empezaron a ser enviados hasta este mismo mes de octubre del 2010.

Y entonces surgió un nuevo problema. Detectar la dirección IP del que descarga en un p2p público es fácil, pero quien convierte  esa dirección IP en un nombre de titular y envía el primer aviso es el proveedor de Internet, y hubo uno llamado Free que se negó a enviar los avisos. Es comprensible, estamos hablando de millones de identificaciones, y eso cuesta dinero. Así que Free se agarró a un tecnicismo legal para no hacerlo, estaba obligada a identificar a los titulares, pero no a enviar los avisos.

El gobierno francés, tan ansioso como está de reprimir a sus propios ciudadanos, en lugar de esperar a ver si el juez sentencia contra Free, ha preferido llegar a un acuerdo con esta, acuerdo que lógicamente deberá extender al resto de los proveedores franceses. Pagará a las telecos 65 céntimos de euro por IP identificada. Nadie sabe cuánto va a suponer esto, pero se habla de 12 millones de euros.

Esto para empezar, claro, porque las IPs son dinámicas. La IP de una conexión doméstica cambia cada pocos días, y los proveedores son los únicos que pueden realizar tal conversión entre IP descargadora del día tal a la hora cual, y el nombre del titular. Un internauta francés no necesita dejar de descargar hasta recibir el primer aviso, luego puede pasarse 6 meses sin descargar del p2p (hay otros métodos de descarga no cubiertos por esta ley), y después volver al p2p. Para un internauta que actúe así, todos los avisos son primeros avisos, y por cada vez que sea identificado el gobierno francés le pagará 65 céntimos a su teleco.

Estamos hablando pues de un chorro de dinero público que se está yendo por el retrete de un sistema de represión que no va a servir para nada. Para la industria de contenidos todo va bien, la factura no la pagan ellos, pero para el contribuyente la historia es muy distinta, esto le va a costar millones de euros, y va a ser un despilfarro sin fin.

Claro está que podrían cambiar (otra vez más, y van…) esta ley, pero lo cierto es que todo sistema de represión tiene su coste, y alguien tiene que pagar la factura. Los proveedores no van a querer hacerlo, los contribuyentes tampoco. En realidad, quien debería pagar la factura por este sistema extraordinario de represión, pensado para el beneficio de una pequeña minoría, son precisamente los supuestos beneficiarios, esa industria de contenidos que nos asegura que este tinglado chapucero e infumable va a funcionar, que va a detener la mal llamada piratería.

Y no sólo eso. Si le llegan a cortar a alguien la conexión, la cual cuesta digamos 20 euros al mes (en Francia son mucho más baratas que en España), el proveedor dejará de ingresar ese dinero, y va a querer que alguien se lo pague. El cliente al que le han cortado Internet desde luego no va a querer seguir pagándolo y siempre le va a poder decir a su banco que no pague. ¿También esto lo va a pagar el estado? Pueden apostar a que sí, porque llegado el momento, Free o el proveedor que sea le dirá al gobierno francés que no corta la conexión a no ser que este suelte la pasta.

En definitiva, esto lo pagamos todos. Porque si lo tuviese que pagar quien corresponde, la industria de contenidos, ellos mismos dirían que no, que el precio no merece la pena, que la gente va a piratear igual, y que esto es tirar el dinero.

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El precio de la represión

Posted by Krigan en 27 septiembre 2009

Discográficas y productoras de cine están usando por todo el mundo su influencia política tratando de conseguir que se aprueben las llamadas leyes de los 3 avisos, las cuales crearían un procedimiento legal extraordinario, de dudosa constitucionalidad, para reprimir el intercambio de canciones y películas en Internet, a base de desconectar a los internautas que supuestamente hayan sido pillados por tercera vez descargando obras protegidas del p2p.

Uno de los escollos que se están encontrando es que una parte nada despreciable de la clase política, junto con las telecos, les están exigiendo que hagan disponibles sus contenidos en Internet antes de iniciar esta nueva represión contra los internautas. A las telecos no les hace gracia que se hable de desconexiones porque ello las conduciría a una pérdida de ingresos, y a muchos políticos no les hace gracia el arremeter contra sus propios votantes, por la obvia posibilidad de que ello se traduzca en pérdida de votos.

Discográficas y productoras de cine argumentan que ya hay una amplia oferta de canciones y películas en Internet. ¿Seguro? En la tele puedo ver gratis con anuncios y grabar cada año literalmente miles de películas, pero para ver cualquiera de ellas en Internet he de pagar una cierta cantidad por cada una. Si cualquier película “antigua” (de más de 2 años) la puedo ver gratis en la tele, ¿por qué no puedo hacer lo mismo en Internet? Si cualquier serie de televisión la puedo disfrutar en la tele sin pagar, tan sólo viendo unos cuantos anuncios, ¿porqué no puedo hacer otro tanto en Internet? Difícilmente se puede hablar de que estén ofertando de forma realista sus productos en Internet si  resulta que he de pagar por algo (ver pelis y series) que fuera de Internet puedo hacer gratis.

Además del precio, otra cuestión sería el DRM. Las pelis y series que emiten en abierto por la tele van sin DRM, y por lo tanto se pueden grabar libremente. En Internet debería ser lo mismo, no se puede hablar de que hay una amplia oferta de algo en Internet a no ser que ese algo se esté ofreciendo en las mismas condiciones que fuera de Internet.

Con las canciones las cosas son ya un poco diferentes. Desde hace menos de un año es posible disfrutar gratuitamente de las canciones individuales (elegidas por el usuario) en streaming con anuncios a través de servicios como Spotify. Tales servicios están teniendo un gran éxito, y un gran número de internautas están cambiando el p2p por Spotify… sólo que el propio Spotify funciona internamente mediante un sistema p2p. ¿No se podía haber hecho esto mismo con Napster hace 10 años? Por supuesto que sí, pero las discográficas han necesitado 10 años de fracasos para aceptar la idea.

A pesar del éxito de la comercialización por Internet, las discográficas no están contentas. Nos dicen que sí, que las descargas de pago están subiendo como la espuma, lo mismo que el streaming gratuito de canciones, pero que la caída en picado de las ventas de CDs no se ve compensada por el gran aumento de los ingresos obtenidos en Internet. Sin embargo, pretender que los ingresos de Internet sean tan elevados como lo eran los ingresos de CDs en sus mejores tiempos no es nada razonable. El coste de fabricación y distribución de CDs es relativamente elevado, sobre todo la distribución, el coste de distribución de canciones por Internet es irrisorio. Pretender que los ingresos sean los mismos cuando la eliminación del soporte físico ha reducido tanto los costes no es sino un burdo intento de querer aumentar desmesuradamente el margen de beneficios.

Así pues, todas estas peticiones de nuevas leyes represivas por parte de las discográficas tan sólo esconden un deseo de aumentar los beneficios. No estamos hablando de sostener el negocio de la música en Internet, tal negocio va estupendamente, sino de que ellos quieren ganar todavía más dinero del que ya están ganando.

Desde luego, estamos acostumbrados a la contabilidad creativa de las discográficas. Recordemos que durante años nos estuvieron diciendo que cada descarga del p2p era una venta perdida, a pesar de que tal afirmación es algo abiertamente contrario a la ley de la oferta y la demanda. No es lo mismo que bajarte mil canciones te salga gratis a que te cueste mil euros. En el primer caso te las bajas si las quieres oír, en el segundo caso te lo piensas 2 veces antes que gastarte ese dinero.

Comparar los ingresos del mercado del CD con los de Internet, y hablar de pérdidas porque los ingresos de Internet son menores, no es sino otro ejercicio más de contabilidad creativa. En cualquier negocio lo que hay que mirar es el margen de beneficios, no el volumen de ingresos, y tan sólo se puede hablar de pérdidas si el margen de beneficios es negativo. ¿Por qué no nos dicen las discográficas cuál es su margen de beneficios? Este es un dato fundamental a la hora de evaluar si hemos de aprobar nuevas leyes para salvar su negocio, porque igual resulta que no es necesario salvar nada, igual resulta que el negocio ya les está yendo bien.

Por otro lado, ¿cuánto nos costaría la represión? No me refiero a los costes sociales y políticos, que también serían considerables, sino a los costes económicos. Tales costes se pueden calcular de forma rigurosa, a diferencia de los cálculos que hacen las discográficas. Desde luego el necesario aparato de represión para hacer valer una ley de los 3 avisos tiene un coste elevado, que las discográficas van a querer que sea pagado del dinero de nuestros impuestos, pero no es el único que hay. Si un internauta está pagando 40 euros al mes por su conexión a Internet, para ese internauta la conexión tiene al menos ese valor. Si para él no valiese tanto, no la contrataría. Y, desde luego, a la teleco tampoco le hace gracia la idea de dejar de ingresar ese dinero.

La anterior ministra de Cultura de Francia, que apoyaba una ley de los 3 avisos que fue declarada inconstitucional, señaló que se iba a desconectar a mil internautas por día, 365.000 desconexiones al año. Si asumimos, por la menor población, que en España serían unas 250.000 desconexiones al año, a 40 euros mensuales por conexión, eso equivaldría a 10 millones de euros por cada mes que los internautas permanezcan desconectados, 120 millones de euros al año si se les desconecta durante un año.

¿Van a pagarle las discográficas ese dinero perdido a las telecos? Lo lógico sería que el coste lo asumiera aquel que se va a beneficiar de ello, pero dudo mucho que las discográficas deseen hacerlo, sobre todo si tenemos en cuenta que las ventas de discos en España fueron de 225 millones de euros en el 2008, y que más de la mitad de este dinero se lo quedaron el distribuidor y la tienda. Es decir, el coste económico de las desconexiones podría ser incluso mayor que el valor del obsoleto mercado que se pretende proteger, y todo ello sin ninguna garantía de que los internautas vayan de repente a volver a comprar CDs, en lugar de grabarse las canciones de Spotify o de cualquier otro sitio.

Dado que la pérdida de ingresos para las telecos puede ser monstruosa, lo que proponen las discográficas es que el internauta desconectado siga pagando por la conexión, lo cual funciona muy bien en un mundo de fantasía, pero no tan bien en la realidad. Si a mí me desconectan, y la teleco me sigue incluyendo el precio de Internet en la factura, lo que hago es no pagarla, con lo cual la teleco no sólo se queda sin el dinero de Internet, sino también sin la cuota de línea, o cualquier otro concepto incluido en la factura. Para las llamadas ya usaré el móvil, y no me voy a morir por no poder ver Imagenio si lo tuviera contratado.

Desde luego, la teleco podría reclamar el pago de la factura en los tribunales (aunque en la práctica nunca lo hacen a no ser que sea una deuda elevada), pero entonces tendrían que andar demostrando con pruebas que verdaderamente fui desconectado legalmente. Es decir, tendrían que demostrar que yo fui el que se bajó esas canciones, y eso es indemostrable, tanto por el hecho de que hoy día todo el mundo tiene router wifi en casa, mal protegido en la gran mayoría de los casos, como por el hecho de que en un domicilio suele vivir más de una persona, el titular al que se le pretende cobrar tal vez ni siquiera conecte a Internet.

Las telecos lo saben, saben que en la práctica la motivación del cliente para pagar consiste en seguir teniendo el servicio, y por eso se oponen firmemente a cualquier propuesta que implique desconexión. En definitiva, todo esto de los 3 avisos consiste en ver si hundimos el negocio de las telecomunicaciones para tratar de salvar el insalvable negocio del CD. Entretanto, las descargas de pago y el streaming de canciones siguen yendo viento en popa, lo mismo que los conciertos.

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Los jueces al rescate

Posted by Krigan en 11 junio 2009

La respuesta gradual (también conocida como ley de los 3 avisos) ha sido herida de muerte. El Consejo Constitucional francés (el tribunal constitucional de allí) ha declarado inconstitucional parte de la ley francesa de los 3 avisos.

Los 2 puntos más importantes de la resolución del Constitucional son que la conexión a Internet no se podrá cortar si no es por resolución judicial, dado que tal corte afectaría al derecho fundamental a la libertad de expresión, y que no se podrá violar la presunción de inocencia, la carga de la prueba recaerá sobre el que acusa, no sobre el acusado.

En realidad no hay aquí nada que vaya a sorprender a nadie que se haya leído cualquier constitución de cualquier país democrático, en todas las democracias se protege con especial celo tanto la libertad de expresión e información como la presunción de inocencia. Pero es precisamente por esto por lo que esta resolución del Constitucional francés tiene un alcance universal. Los jueces han acudido al rescate y han dejado bien claro que hay ciertas cosas que ni un gobierno ni un parlamento pueden hacer, precisamente porque una de las funciones más importantes de una constitución, tal vez la más importante, es limitar el poder del estado.

La democracia ha ganado, la industria de contenidos ha perdido. La esencia de la respuesta gradual era precisamente el evitar la intervención de los jueces, y que el internauta fuera condenado sin juicio y sin pruebas, a mera petición de la industria de contenidos.

Tratarán de darle la vuelta de muchas maneras distintas. Hablarán de reducir la velocidad en lugar de cortar la conexión, pero esto afecta igualmente a la libertad de expresión y será igualmente un juez el que decida. Propondrán rodeos y vueltas que no soy siquiera capaz de adivinar, pero ni la más fértil de las imaginaciones de los guionistas de Hollywood será capaz de cambiar el hecho fundamental de que será un juez el que decida, el cual exigirá pruebas de culpabilidad.

Esta es ya la tercera estrategia fracasada de la industria de contenidos. Primero demandaron a las empresas creadoras de programas p2p como Napster, pero esto sólo sirvió para multiplicar como setas en un día de lluvia los programas p2p, que pasaron a ser creados en muchos casos por programadores particulares.

Después fueron a por los internautas, mediante una campaña de demandas masivas que fue especialmente virulenta en Estados Unidos. 5 años y 35.000 demandas después se dieron cuenta de que esto tampoco funcionaba, y abandonaron esta segunda estrategia.

Finalmente, agarrándose a un clavo ardiendo, diseñaron un sistema de “justicia” hecho a su medida: yo te acuso, yo te condeno. Es esto precisamente lo que ha tumbado el Constitucional francés, y lo ha tumbado a nivel mundial porque difícilmente se puede concebir que algún otro tribunal constitucional vaya a fallar otra cosa en cualquier otro país democrático.

La pregunta es ¿qué va a hacer ahora la industria de contenidos? Se han quedado sin la que iba a ser su estrategia para los próximos años, así que tendrán que adoptar otra. Tienen ante sí varias posibilidades:

– Dedicarse a vender lo que los clientes desean comprar: entradas de concierto y cine, publicidad en webs de streaming (las cuales están teniendo un gran éxito), descargas rápidas y cómodas (si Rapidshare puede hacerlo, ¿por qué ellos no?), etc.

– Aprovechar lo que ha quedado en pie de la ley francesa (el mero hecho de avisar no ha sido declarado inconstitucional) para montar un servicio de spamming masivo (“eres un internauta muy malo”) financiado con fondos públicos. El problema para ellos es que más del 99,99% de la población no hace caso al spam. Es más, resulta fácil incluirles en las listas anti-spam.

– Dedicarse al sacapelas. Si ya cobran canon por la copia privada, ¿por qué no otro canon a la conexión? En mi opinión, es por ahí por donde van a tirar. En los próximos meses y años veremos cómo de forma creciente se nos insiste en lo maravilloso que es que se nos cobre a la fuerza por algo que no queremos comprar.

Hagan lo que hagan, una cosa está clara. La represión no funciona, así que ya pueden ir pensando en otra cosa.

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