La guerra de los bits

Derechos de autor en la era digital

Esto lo pagamos todos

Posted by Krigan en 9 octubre 2010

Supongo que recordarán la ley Hadopi. Es una ley francesa en virtud de la cual los internautas del país galo recibirán por correo electrónico un primer aviso si son detectados descargando obras protegidas del p2p. Si son detectados por segunda vez en un plazo de 6 meses desde el primer aviso, recibirán por correo certificado un segundo aviso, y si se les detecta por tercera vez en un  plazo de un año desde el segundo aviso, se les cortará la conexión.

Es decir, todo esto le pasará al titular de la conexión, que no tiene porqué ser la persona que descarga, lo mismo podría ser que el titular sea el padre y el que descarga sea el hijo, o un vecino usando el wifi por la patilla, pero la conexión se la cortan a toda la familia, aunque la mayoría de sus miembros no tengan la culpa de nada.

Esta maravillosa ley iba a entrar en funcionamiento en enero del 2009, pero ha sufrido grandes retrasos por causa de una fuerte resistencia en el parlamento francés, donde Sarkozy tuvo que presentar la ley por segunda vez tras haber sido inicialmente rechazada, unido al hecho de que el constitucional francés posteriormente declaró inconstitucional parte de la ley, lo cual forzó a aprobar una nueva versión de la misma, que también fue declarada parcialmente inconstitucional. Después llegó el desarrollo reglamentario de la misma, siempre bajo la espada de Damocles del constitucional, siempre mirando a ver por dónde se puede bordear la constitución francesa. Entre unas cosas y otras, los primeros avisos no empezaron a ser enviados hasta este mismo mes de octubre del 2010.

Y entonces surgió un nuevo problema. Detectar la dirección IP del que descarga en un p2p público es fácil, pero quien convierte  esa dirección IP en un nombre de titular y envía el primer aviso es el proveedor de Internet, y hubo uno llamado Free que se negó a enviar los avisos. Es comprensible, estamos hablando de millones de identificaciones, y eso cuesta dinero. Así que Free se agarró a un tecnicismo legal para no hacerlo, estaba obligada a identificar a los titulares, pero no a enviar los avisos.

El gobierno francés, tan ansioso como está de reprimir a sus propios ciudadanos, en lugar de esperar a ver si el juez sentencia contra Free, ha preferido llegar a un acuerdo con esta, acuerdo que lógicamente deberá extender al resto de los proveedores franceses. Pagará a las telecos 65 céntimos de euro por IP identificada. Nadie sabe cuánto va a suponer esto, pero se habla de 12 millones de euros.

Esto para empezar, claro, porque las IPs son dinámicas. La IP de una conexión doméstica cambia cada pocos días, y los proveedores son los únicos que pueden realizar tal conversión entre IP descargadora del día tal a la hora cual, y el nombre del titular. Un internauta francés no necesita dejar de descargar hasta recibir el primer aviso, luego puede pasarse 6 meses sin descargar del p2p (hay otros métodos de descarga no cubiertos por esta ley), y después volver al p2p. Para un internauta que actúe así, todos los avisos son primeros avisos, y por cada vez que sea identificado el gobierno francés le pagará 65 céntimos a su teleco.

Estamos hablando pues de un chorro de dinero público que se está yendo por el retrete de un sistema de represión que no va a servir para nada. Para la industria de contenidos todo va bien, la factura no la pagan ellos, pero para el contribuyente la historia es muy distinta, esto le va a costar millones de euros, y va a ser un despilfarro sin fin.

Claro está que podrían cambiar (otra vez más, y van…) esta ley, pero lo cierto es que todo sistema de represión tiene su coste, y alguien tiene que pagar la factura. Los proveedores no van a querer hacerlo, los contribuyentes tampoco. En realidad, quien debería pagar la factura por este sistema extraordinario de represión, pensado para el beneficio de una pequeña minoría, son precisamente los supuestos beneficiarios, esa industria de contenidos que nos asegura que este tinglado chapucero e infumable va a funcionar, que va a detener la mal llamada piratería.

Y no sólo eso. Si le llegan a cortar a alguien la conexión, la cual cuesta digamos 20 euros al mes (en Francia son mucho más baratas que en España), el proveedor dejará de ingresar ese dinero, y va a querer que alguien se lo pague. El cliente al que le han cortado Internet desde luego no va a querer seguir pagándolo y siempre le va a poder decir a su banco que no pague. ¿También esto lo va a pagar el estado? Pueden apostar a que sí, porque llegado el momento, Free o el proveedor que sea le dirá al gobierno francés que no corta la conexión a no ser que este suelte la pasta.

En definitiva, esto lo pagamos todos. Porque si lo tuviese que pagar quien corresponde, la industria de contenidos, ellos mismos dirían que no, que el precio no merece la pena, que la gente va a piratear igual, y que esto es tirar el dinero.

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