La guerra de los bits

Derechos de autor en la era digital

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A partir de hoy, Red y Libertad

Posted by Krigan en 13 enero 2010

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.

2 – Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas (…)

3 – Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.

4 – Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos.

5 – Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.

6 – De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.

7 – Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.

La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fue aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200.000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.

Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.

En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

1 – Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);

2 – La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo D “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);

3 – El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo A “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);

4 – La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo C “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);

5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.

Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.

Firmado

Red SOStenible

Red-SOStenible.net

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Poder absoluto

Posted by Krigan en 5 enero 2010

El gobierno español quiere poder absoluto sobre Internet. No les voy a aburrir con los detalles legales porque el gobierno tampoco quiere aburridos detalles legales en su nuevo anteproyecto de ley. La idea es muy sencilla, si un amigo del gobierno les pide que se cierre una web, el gobierno español podrá cerrarla. Será todo muy reglamentario, habrá un montón de garantías para las webs en el reglamento, el reglamento incluso dirá que un juez revisará el proceso (aunque sin poder decidir si el cierre es legal). Todos deberíamos estar contentos y felices, ¿no?

Pues no. Y el principal problema no es que el juez no va a decidir si la web es legal (eso lo decide el gobierno), a pesar de que eso es un problema muy gordo. El principal problema tampoco es que el gobierno quiera cerrar ciertas webs que los tribunales han sentenciado en múltiples ocasiones que son legales. Eso es un problema todavía más gordo, pero no es el principal problema. El principal problema es que este pálido reflejo de nada que llaman garantías no va a ir en la ley, sino en el reglamento. ¿Y quién es el que elabora y aprueba los reglamentos? Pues el gobierno, hombre.

Es decir, tan pronto como el gobierno consiga que el parlamento le apruebe su Ley de la Patada en el Router, será él mismo el que ponga las garantías que quiera, y el que las cambie o quite cuando quiera. Lo único que estará garantizado es que el gobierno lo hará todo bien, de verdad de la buena. Porque ¿cómo podemos pensar que el gobierno va a actuar con malicia o con incompetencia? Sólo los de la oposición pueden pensar así, y ya sabemos que la oposición nunca llegará al gobierno. Y si llegase, seguro que ellos también lo harían todo bien. Aquí todo el mundo es bueno, sobre todo después de haber llegado al poder.

Naturalmente, este poder absoluto sólo será usado para cerrar unas cuantas malvadas webs de pirateo. Que tales webs sean legales es un detalle irrelevante. Que cerrarlas no vaya a servir para parar la mal llamada piratería (¿han oído hablar de la función de búsqueda del emule?) es también otro detalle sin importancia. Ya sabemos que el gobierno, una vez tenga el poder absoluto, no va abusar de él. Los gobiernos nunca han abusado del poder, nunca en toda la Historia de la Humanidad.

Pero vamos a ver, ¿se han creído que somos idiotas? Pero si el objetivo declarado de esta ley es abusar del poder (cerrar webs legales). Pero si está claro que esta ley no es para parar la piratería (el p2p no necesita de ninguna web). Entonces, ¿para qué es esta ley? Pues para tener poder absoluto, hombre, para nada más.

Por supuesto la industria de contenidos espera sacar tajada de esto. A fin de cuentas, son ellos los que le están prestando un gran servicio al gobierno al darle derecho de vida o muerte sobre Internet. El gobierno sabrá ser agradecido, cerrará todo lo que le pidan que cierre, y también pagará el favor de otras maneras. Podemos estar seguros de que la industria de contenidos quedará muy satisfecha.

Esta es la hora de la verdad, ahora es cuando se verá si el pueblo español merece tener una democracia. A los afiliados del PSOE quiero verlos exigir a su partido que las garantías vayan en la ley, y que sean tan amplias como merece nuestro país, al resto de los partidos quiero verles exigir lo mismo en el parlamento. A los ciudadanos los quiero ver movilizados, dentro y fuera de Internet. Y si todo esto fallase, quiero ver a nuestra última línea de defensa, el Tribunal Constitucional, cumplir con su deber.

Actualización (8 de enero): el gobierno ha cedido en la cuestión del reglamento. El ministro de Justicia ha declarado que  el juez estará presente en una ley (no un reglamento), e incluso ha señalado que alguno de los cambios legales requiere ley orgánica (que era otra de las reivindicaciones de los internautas). De la misma manera que no tengo reparos en criticar al gobierno cuando actúa mal, tampoco los tengo en alabarlo cuando actúa bien.

No obstante, queda todavía por aclarar una importante cuestión. De las declaraciones del ministro de Justicia no queda claro si el juez decidirá sobre la cuestión de fondo (si ha habido violación de derechos de autor) o si estará de adorno (sólo para posibles conflictos con derechos fundamentales). El gobierno debe comprender que los ciudadanos no vamos a tolerar que se cierren webs que los jueces han declarado legales. Os mantendré informados de cualquier novedad a este respecto.

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