La guerra de los bits

Derechos de autor en la era digital

El caso alemán

Posted by Krigan en 14 junio 2009

Es bien sabido que en Estados Unidos la RIAA (la principal organización de discográficas de ese país) abandonó la estrategia de demandas masivas a internautas. Anunciaron tal abandono en diciembre del 2008, pero este en realidad se produjo, como la propia RIAA aclaró, en verano de ese año. En la actualidad se limitan a proseguir con las demandas iniciadas anteriormente, pero no descartan iniciar nuevas demandas en casos de internautas que intercambien una cantidad masiva de canciones.

El caso alemán es menos conocido, pero mucho más interesante. Allí también la industria de contenidos inició una campaña de demandas masivas a internautas. Para poder demandar a alguien es necesario conseguir sus datos personales a partir de la IP usada durante el intercambio de ficheros, y tales datos están protegidos por el derecho a la intimidad.

Generalmente tales datos sólo son revelados en una causa penal, así que la industria de contenidos interpuso torticeramente decenas de miles de demandas penales, no porque esperasen ganar tales casos penales, sino porque así conseguían de los fiscales los datos privados de los titulares de las conexiones desde las que se había usado el p2p.

Una vez conseguidos los datos privados, se dedicaban a amenazar a sus víctimas con pleitos civiles, exigiéndoles una cierta cantidad de dinero a cambio de no presentar demanda civil. Las cantidades solicitadas iban de unos pocos cientos de euros a varios miles.

En marzo del 2008 se les acabó el chollo, cuando el Tribunal Supremo de Alemania sentenció que las posibles infracciones de derechos de autor no eran lo suficientemente importantes como para vulnerar el derecho a la intimidad (generalmente se considera que sólo una infracción penal es lo suficientemente importante como para sobreponerse al derecho a la intimidad).

Como consecuencia de ello, el parlamento alemán aprobó a toda prisa, al mes siguiente, una ley que sí permitía obtener tales datos, pero también tenía su parte negativa para la industria de contenidos: ellos tendrían que pagar los costes del proceso para acogerse a la nueva ley, y además el castigo legal quedaba limitado a una multa de 100 euros a no ser que el intercambio de archivos se llevase a cabo a un “nivel comercial”.

La ley no definía qué se considera “nivel comercial”, y la industria de contenidos prosiguió con sus demandas masivas, incluso para casos de poca monta, siguiendo la regla del “demándalos a todos”. Sin embargo, al cabo de pocos meses, la situación resultó ser cada vez más insostenible para los fiscales de Alemania, que veían cómo se les saturaba de trabajo por infracciones leves, impidiéndoles la persecución de delitos por falta de tiempo.

Así que los fiscales se rebelaron a mediados del 2008, y empezaron a definir por sí mismos lo que era lo suficientemente importante como para ser perseguido. Las reglas variaban de fiscalía a fiscalía, si bien tendían a ser similares. En un caso la fiscalía estatal estableció que no perseguiría a aquellos internautas cuyo valor de lo compartido no excediese los 3.000 euros, contando a un euro por canción o 15 euros por película que no siguiese todavía de estreno en los cines. En otras palabras, el internauta de ese estado de Alemania no sería perseguido si tan sólo compartía, por ejemplo, mil canciones y cien películas ripeadas de DVD.

Ahora bien, ¿qué es lo que hace al caso alemán especialmente interesante? Que supone una legalización de facto del intercambio de películas y canciones. Si la ley no te va a perseguir, a no ser que superes cierto límite bastante amplio y claramente definido, a efectos prácticos no hay diferencia con una verdadera legalización. Los internautas de gran parte de Alemania, tal vez ya de toda ella (se fueron sumando cada vez más fiscalías), pueden compartir ficheros sin ningún temor a un castigo legal.

Por supuesto, las industrias del cine y de la música, tanto en Estados Unidos como en Alemania, siguen tan boyantes en el 2009 como lo estaban antes del 2008,  lo cual pone en entredicho que exista ninguna necesidad de persecución legal del p2p de películas y canciones. Con persecución legal o sin ella, la gente va a comprar cada vez menos CDs y DVDs, y va a seguir yendo a conciertos y salas de cine.

Esto es algo que debiera tener en cuenta el legislador, y preguntarse si está dispuesto a afrontar el disgusto de sus votantes a cambio de intentar evitar un cambio en el negocio que es inevitable. Si en España el legislador aprueba iniciar la persecución legal, y después acabamos como en Alemania, para ese viaje no necesitábamos alforjas, ni tampoco votos perdidos.

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