Cuanto antes desaparezcan mejor

Verdaderamente resulta difícil encontrar motivos para desear que las discográficas sigan existiendo. Por un disco que a nosotros nos cobran a 20 euros el artista sólo recibe 60 céntimos, y eso cuando recibe algo, pues de esos 60 céntimos la discográfica le descuenta gastos varios, y a menudo no sólo el artista no recibe nada, sino que le acaba debiendo dinero a la discográfica.

Vale, de acuerdo, el CD avanza hacia la extinción a marchas forzadas. En los últimos 4 años las ventas de CDs se han desplomado, son ahora sólo un tercio de lo que eran, y continúan cayendo en picado. En consecuencia el CD es el pasado. El futuro de la música, según las discográficas, son las webs de descargas de pago como iTunes.

Sin embargo, en iTunes y similares nos encontramos con el mismo cachondeo. Por una canción te cobran en iTunes 99 centavos de dólar, pero el artista sólo recibe 4,5 centavos. La mayor parte del resto se lo queda la discográfica.

Imagina que te has bajado 10.000 canciones del p2p, y que hubieras comprado mil de esas canciones en iTunes de no existir el p2p. Estas canciones a ti te hubieran costado casi mil dólares (unos 750 euros). Sin embargo, lo que hubieran recibido los artistas es muy diferente. A 4,5 centavos por canción serían 45 dólares, unos 33 euros, a repartir entre todos los artistas que hicieron esas mil canciones.

Conclusión: comprar una canción para retribuir al artista es tirar el dinero. Mejor si vas al concierto. Ahora bien, como la venta de copias está bajando, y los ingresos por conciertos están subiendo, las discográficas han encontrado la solución perfecta a sus problemas: empezar a cobrarle al artista por los conciertos.

Alegan las discográficas que la venta de discos hace que aumente la asistencia a los conciertos, por lo que es justo, según ellas, que se queden con una parte del dinero de las entradas. Pero, ¿esto es cierto? ¿La venta de (cada vez menos) discos incrementa la venta de entradas?

Hace años era así. El disco y la radio eran los mecanismos más importantes a través de los cuales el público conocía a los artistas. Pero esto se acabó, en la actualidad casi todas las copias de canciones que tienen los aficionados a la música no son discos ni tampoco canciones grabadas de la radio, sino canciones bajadas del p2p y otros sistemas de intercambio de ficheros. Es más, los menguantes discos que se venden suelen ser comprados por internautas que previamente se habían bajado las canciones del p2p.

Por tanto, el artista que firma uno de esos nuevos contratos le está regalando el dinero a la discográfica. El disco ya no hace que te conozca más gente, el disco ya no le sirve de nada al artista. Antes las discográficas eran, según afirmó uno de sus directivos, un mal necesario. Ahora son sólo un mal. Y por esto cada vez más artistas se niegan a firmar con una discográfica.

Un gran día para las discográficas

Ayer fue un gran día para las discográficas. Una mujer llamada Jammie Thomas fue condenada en Estados Unidos a pagarles casi 2 millones de dólares, quedando así arruinada de por vida. ¿Su delito? Se bajó 24 canciones con el programa p2p Kazaa.

Cada una de estas 24 canciones no cuesta ni un dólar en iTunes (su precio es 99 centavos), y todavía cuestan menos en otras webs que son más baratas que iTunes, pero Jammie tendrá que pagar 80.000 dólares por cada una. Las discográficas están entusiasmadas, por fin se ha hecho justicia.

Porque, no lo olvidemos, se las bajó intencionadamente, por lo cual el castigo legal en USA es de hasta 150.000 dólares por canción. El jurado decidió ser benévolo y castigó a la acusada a poco más de la mitad de la pena máxima.

Sin duda se trata de un castigo apropiado. Desde luego, no guarda proporción alguna con el hipotético daño causado, pero por algo se trata de una indemnización estatutaria. Es decir, que la indemnización viene expresada en la propia ley, y no tiene porqué tener ninguna relación con el daño causado.

Al descargarse la canción la estaba compartiendo, eso equivale a distribuirla, y la distribución en Estados Unidos se castiga estatutariamente, con hasta 150.000 dólares si se hace intencionadamente (son sólo 50.000 dólares si no se demuestra la intención de hacerlo). La condena es totalmente conforme a la ley norteamericana.

¿Y en España? Aquí no tenemos indemnización estatutaria (todavía). La ley española establece para estos casos que la indemnización ha de ser lo que los autores o cesionarios hubiesen percibido de haber sido vendida la canción con su consentimiento. Es decir, menos de un euro por canción, menos de 24 euros en total, y eso suponiendo que el juez considere que bajarse una canción del p2p supone una «distribución» (o comunicación pública) de la misma. A día de hoy, las interpretaciones legales de la SGAE no han tenido gran aceptación entre los jueces españoles que digamos.

descargar = distribuir

¿No son cosas contrarias?

Sin embargo, aunque en España y en otros países las descargas p2p de canciones sean legales ahora, eso no quiere decir que lo vayan a ser en el futuro. Naturalmente, la SGAE querrá que la indemnización a pagar sea estatutaria, sin relación alguna con el supuesto daño, y que la ley marque la cantidad más alta posible. Digamos 120.000 euros por canción, para ser como Estados Unidos. Así, con 2 canciones que nos bajemos ya les da para comprarse un buen pisito.

Son leyes hechas por ladrones y para los ladrones, leyes que sólo buscan el expolio de la gente común bajo la excusa barata de inmensas pérdidas imaginarias. Nos vendrán diciendo que aquí no van a ser 120.000 euros, que sólo van a ser 100 euros como en Alemania. Es decir, que no nos van a robar tanto, son sólo 100 euros nada más.

No hay daño alguno. Cuando te bajas una canción lo mismo puede ser que acabes comprando el disco o que no lo hagas. Si no lo compras, sigue sin haber daño alguno, simplemente no compraste ese disco ni tampoco compraste un kilo de tomates porque plantaste una tomatera, ni contrataste al fontanero porque tú te arreglaste el grifo. Y como el daño es indemostrable, porque es inexistente, lo mejor es imponer por ley una cierta cantidad a pagar, una indemnización estatutaria.

Por absurdamente injusto que sea, es esto exactamente lo que andan buscando, lo que han conseguido ya en Estados Unidos y en Alemania. Así, por una canción que ellos mismos venden por menos de un euro, cobrarán tal vez 100 euros o tal vez 120.000, lo que marque la ley. Todo muy legal. ¿Acaso los autores no tienen derecho a que se les pague por su trabajo?

El artista recibe 60 céntimos por disco vendido, o bien 4,5 centavos de dólar por canción si esta fue comprada en iTunes, la discográfica y la tienda se quedan el resto. Y por estos 4,5 centavos que el artista tal vez haya dejado de percibir o tal vez no (Jammie compraba muchos discos), ella tendrá que pagar 80.000 dólares por canción. Repitámoslo: todo muy legal. ¿Acaso los autores no tienen derecho a que se les pague por su trabajo?

El caso alemán

Es bien sabido que en Estados Unidos la RIAA (la principal organización de discográficas de ese país) abandonó la estrategia de demandas masivas a internautas. Anunciaron tal abandono en diciembre del 2008, pero este en realidad se produjo, como la propia RIAA aclaró, en verano de ese año. En la actualidad se limitan a proseguir con las demandas iniciadas anteriormente, pero no descartan iniciar nuevas demandas en casos de internautas que intercambien una cantidad masiva de canciones.

El caso alemán es menos conocido, pero mucho más interesante. Allí también la industria de contenidos inició una campaña de demandas masivas a internautas. Para poder demandar a alguien es necesario conseguir sus datos personales a partir de la IP usada durante el intercambio de ficheros, y tales datos están protegidos por el derecho a la intimidad.

Generalmente tales datos sólo son revelados en una causa penal, así que la industria de contenidos interpuso torticeramente decenas de miles de demandas penales, no porque esperasen ganar tales casos penales, sino porque así conseguían de los fiscales los datos privados de los titulares de las conexiones desde las que se había usado el p2p.

Una vez conseguidos los datos privados, se dedicaban a amenazar a sus víctimas con pleitos civiles, exigiéndoles una cierta cantidad de dinero a cambio de no presentar demanda civil. Las cantidades solicitadas iban de unos pocos cientos de euros a varios miles.

En marzo del 2008 se les acabó el chollo, cuando el Tribunal Supremo de Alemania sentenció que las posibles infracciones de derechos de autor no eran lo suficientemente importantes como para vulnerar el derecho a la intimidad (generalmente se considera que sólo una infracción penal es lo suficientemente importante como para sobreponerse al derecho a la intimidad).

Como consecuencia de ello, el parlamento alemán aprobó a toda prisa, al mes siguiente, una ley que sí permitía obtener tales datos, pero también tenía su parte negativa para la industria de contenidos: ellos tendrían que pagar los costes del proceso para acogerse a la nueva ley, y además el castigo legal quedaba limitado a una multa de 100 euros a no ser que el intercambio de archivos se llevase a cabo a un «nivel comercial».

La ley no definía qué se considera «nivel comercial», y la industria de contenidos prosiguió con sus demandas masivas, incluso para casos de poca monta, siguiendo la regla del «demándalos a todos». Sin embargo, al cabo de pocos meses, la situación resultó ser cada vez más insostenible para los fiscales de Alemania, que veían cómo se les saturaba de trabajo por infracciones leves, impidiéndoles la persecución de delitos por falta de tiempo.

Así que los fiscales se rebelaron a mediados del 2008, y empezaron a definir por sí mismos lo que era lo suficientemente importante como para ser perseguido. Las reglas variaban de fiscalía a fiscalía, si bien tendían a ser similares. En un caso la fiscalía estatal estableció que no perseguiría a aquellos internautas cuyo valor de lo compartido no excediese los 3.000 euros, contando a un euro por canción o 15 euros por película que no siguiese todavía de estreno en los cines. En otras palabras, el internauta de ese estado de Alemania no sería perseguido si tan sólo compartía, por ejemplo, mil canciones y cien películas ripeadas de DVD.

Ahora bien, ¿qué es lo que hace al caso alemán especialmente interesante? Que supone una legalización de facto del intercambio de películas y canciones. Si la ley no te va a perseguir, a no ser que superes cierto límite bastante amplio y claramente definido, a efectos prácticos no hay diferencia con una verdadera legalización. Los internautas de gran parte de Alemania, tal vez ya de toda ella (se fueron sumando cada vez más fiscalías), pueden compartir ficheros sin ningún temor a un castigo legal.

Por supuesto, las industrias del cine y de la música, tanto en Estados Unidos como en Alemania, siguen tan boyantes en el 2009 como lo estaban antes del 2008,  lo cual pone en entredicho que exista ninguna necesidad de persecución legal del p2p de películas y canciones. Con persecución legal o sin ella, la gente va a comprar cada vez menos CDs y DVDs, y va a seguir yendo a conciertos y salas de cine.

Esto es algo que debiera tener en cuenta el legislador, y preguntarse si está dispuesto a afrontar el disgusto de sus votantes a cambio de intentar evitar un cambio en el negocio que es inevitable. Si en España el legislador aprueba iniciar la persecución legal, y después acabamos como en Alemania, para ese viaje no necesitábamos alforjas, ni tampoco votos perdidos.