¿Quieren una guerra que no pueden ganar?

En la película “Acorralado” el coronel le pregunta al sheriff que trata de capturar a Rambo “¿quiere una guerra que no puede ganar?”. El sheriff contesta “¿Cree que doscientos hombres contra su soldado es una guerra que no vamos a ganar?”, a lo cual el coronel le replica que adelante, que siga esa guerra, pero que no se olvide de tener una buena provisión de ataúdes.

Tal vez la industria de contenidos se debiera hacer la misma pregunta con respecto a los internautas que descargan sus obras sin pudor. Sí, ya sé, “Acorralado” es una obra de ficción, pero la Historia está llena de ejemplos de gente muy poderosa que fue a una guerra creyendo que la iban a ganar y la perdieron. Napoleón en España es un ejemplo entre muchos. En consecuencia, toda persona sensata, antes de iniciar un conflicto, debiera preguntarse “¿puedo ganar esta guerra?” y también “si la pierdo, ¿cuánto me va a costar?”

Desde el punto de vista de los internautas, no hay dilema. El internauta siempre tiene como opción el dejar de descargar, lo peor que le puede suceder es que tenga que grabar las canciones de Spotify y las películas de la tele si quiere tener copias permanentes de las mismas. El coste que afronta la industria de contenidos es mucho mayor. Por un lado la animadversión de sus propios clientes, por otro el seguir perdiendo ventas a lo tonto por negarse a la adaptación. Lo peor de todo, sin embargo, puede ser que los ciudadanos acaben percibiendo los derechos de autor como un peligro para la democracia y  el avance tecnológico, y acaben por preferir que no haya derechos de autor.

El internauta puede individualmente elegir no descargar si se ve en riesgo de ser castigado, pero no puede elegir qué es lo que van a hacer los demás. Que las descargas van a continuar es un hecho innegable, en Estados Unidos las discográficas se pasaron 5 años demandando a decenas de miles de internautas, con castigos que se medían en cientos de miles de dólares, y a pesar de ello el uso del p2p siguió aumentando. El fracaso fue tan evidente que las propias discográficas ya hace año y medio que han abandonado esa estrategia.

En consecuencia, el ciudadano no puede evitar que los demás descarguen, de la misma manera que la todopoderosa industria de contenidos tampoco puede evitarlo, ni siquiera con la más salvaje de las represiones, pero hay una cosa que los ciudadanos sí pueden hacer, y es votar. Si se les da a elegir entre perder la democracia y el desarrollo tecnológico, o abolir los derechos de autor, ¿qué cree usted que elegirán?

Naturalmente, la industria de contenidos insiste en que ambas opciones son compatibles, afirman que es posible mantener los derechos de autor tal y como están ahora, y al mismo tiempo mantener la democracia y el progreso tecnológico. Sin embargo, sus propios actos y sus propias peticiones al legislador desmienten tal afirmación. Su propuesta para mantener los derechos de autor consiste precisamente en eliminar todo aspecto de la democracia que les resulte inconveniente y toda innovación que perjudique su obsoleta manera de hacer negocio.

Desde luego, la cuestión no es si la democracia está en peligro, o si lo está el avance tecnológico. Está bastante claro, al menos para mí, qué es lo que el votante elegiría llegado el momento, y no olvidemos que no puede haber derechos de autor sin una ley que proclame tales derechos. De la misma manera que el internauta siempre puede dejar de descargar si se siente amenazado, el ciudadano también tiene siempre la opción de eliminar los derechos de autor.

Por ello yo le pregunto a la industria de contenidos, ¿de verdad quieren una guerra que no pueden ganar? Si es así, adelante, sigan con la guerra, pero no se olviden de tener una buena provisión de ataúdes para todos esos innumerables derechos de autor que serán enterrados tan pronto como los ciudadanos se sientan amenazados.

El poder de la Red

Hace 3 días se conoció que el gobierno español intenta que se apruebe una nueva ley en virtud de la cual el Ministerio de Cultura podrá cerrar webs, y cualquier otro servicio de Internet, sin orden judicial, al más puro estilo de la censura franquista, solo que ya no será por motivos de moral ni de política, sino por motivos de dinero. En la Internet española se montó la de Cristo es Dios, y al acabar el día segundo día de protestas virtuales el Ministerio de Cultura ya andaba convocando a toda prisa a unos cuantos de los más destacados internautas para una reunión a primera hora de la mañana siguiente.

Lo que ocurrió al día siguiente, ayer, fue una movida infernal. Primero se celebró la reunión, publicándose minuto a minuto su desarrollo en Internet, más concretamente en Twitter. No acabó al gusto de los internautas convocados, ni tampoco al gusto de otros muchos internautas, que así lo expresaron en la red de redes, y el resto del día pudimos ver declaraciones de varios ministros y también al propio presidente del gobierno hablando del tema. A muchos les pareció que el gobierno se echaba atrás, aunque tal vez no fuera cierto, pero como mínimo el gobierno jugaba a apagar fuegos, y el principal partido de la oposión jugaba a avivarlos.

En la noche de este tercer día, aparecieron en Internet convocatorias para concentrarse en 31 ciudades españolas. En realidad los convocantes eran ciudadanos de a pie que decían “aquí voy a ir yo y los demás que me sigan si quieren”. Y los demás les seguimos. La capacidad de auto-organización que demostró tener la Red fue digna de asombro.

Llegamos así al cuarto día, hoy viernes, aunque escribo esto cuando ya ha pasado la medianoche y ya es oficialmente sábado. Las concentraciones se celebraron. Estuve en la de Valencia y fuimos 60 ó 70, una chica dijo que éramos 80. En Madrid dicen que fueron 200.

Personalmente me sentí muy emocionado. Nunca nadie antes, ni sindicato ni partido político, había organizado una concentración simultánea en 31 ciudades en menos de día y medio. Y lo más pasmoso, en realidad nadie concreto lo organizó, y a nadie le importó un bledo que no hubiese organización, porque no era necesaria.

Claramente hay un antes y un después de esto, hemos hecho historia. Sin embargo, hay una desproporción evidente entre los 114.000 internautas que se han unido al grupo de protesta de Facebook, y los como mucho 3.000 que fuimos a las concentraciones en toda España.

No quiero ser malinterpretado, he ido a un buen numero de actos de protesta en mi vida, por los más variados motivos, y voy a seguir yendo. No obstante, ese ansia por protestar en la calle, sabiendo de antemano que casi nadie va a acudir, ¿no es un aferrarse al pasado? Parecemos discográficas, incapaces de darse cuenta del potencial de Internet.

Es en la Red donde somos fuertes, es en Internet donde la tecnología juega a nuestro favor, y hemos demostrado que sabemos aprovecharla. Aquí, como mínimo, hemos conseguido que el presidente del gobierno prometa en público que no se cerrarán webs, y eso lo dijo antes de las concentraciones. En Nueva Zelanda los internautas tumbaron una ley de los 3 avisos, consiguieron que una ley que ya estaba aprobada fuese abolida antes de entrar en vigor. Sigo leyendo libros en papel pero, ¿de verdad el futuro está ahí? Sigo yendo a manifestaciones y concentraciones pero ¿de verdad el futuro está ahí?

¿Creemos o no creemos en el poder de la Red? Si creemos, ¿por qué criticamos a los culos gordos? ¿Por qué siempre decimos que hay que levantarse del asiento? Si a mí me dieran a elegir entre tener de mi parte a mil manifestantes en la calle o a cien mil monos aporreando el teclado en Internet, preferiría esto último, porque yo sí creo en el poder de la Red.

Un castigo justo

La industria de contenidos insiste en que debemos ser castigados por nuestros malvados actos. Afirman que bajarse una canción, libro o película del p2p es un acto perverso que la ley debe perseguir. Ahora bien, de admitir tal planteamiento, ¿cuál sería el castigo justo?

Las canciones se venden en iTunes a un dólar, los libros electrónicos se venden en Amazon a 10, todo ello con el beneplácito de discográficas y editoriales. Si la ley castigase la descarga p2p con una indemnización de 80.000 dólares por canción, tal y como hizo un jurado norteamericano en el caso de Jamie Thomas, estaríamos mandando a la quiebra a toda persona a la que se atrape bajándose un puñado de canciones que no cuestan ni 30 dólares en iTunes. Claramente eso es desproporcionado.

¿Y si lo castigásemos con 100 dólares? Seguiría siendo desproporcionado y contrario al principio de proporcionalidad de las penas. Si a mí no me pagan una deuda, la condena del deudor será a pagar el importe de la deuda más los intereses de demora, no a pagar 100 veces esa cantidad. Si alguien abolla mi coche, la condena será a pagar la reparación, no 100 veces el valor de la reparación. Si se quiere mantener la proporcionalidad de las penas, la indemnización para los autores no puede ser de 100 veces el supuesto daño causado, a no ser que multipliquemos también por 100 la indemnización en el resto de los casos legales.

¿Y si lo castigásemos con un sólo dólar? A fin de cuentas eso es lo que cuesta la canción en iTunes. Ese sería un castigo más en consonancia con lo dispuesto por la ley española en su artículo 140 LPI. No obstante, la ley dice que la indemnización será “La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.” Cuando compramos una canción en iTunes, nosotros pagamos 99 centavos de dólar, pero una parte del dinero se lo queda iTunes, la discográfica recibe sólo 70 centavos, y de esos 70 centavos el artista recibe sólo 4,5

Surge aquí una paradoja. Si la descarga p2p de una canción fuera ilegal, el infractor tendría que pagar 70 centavos si le demanda la discográfica, pero sólo 4,5 si le demanda el artista. ¿Cuál es el castigo justo? ¿70 centavos o 4,5?

Claramente el castigo justo serían 4,5 centavos, que son unos 3 céntimos de euro, incluso si la ley española dispone otra cosa en algunos casos. Veamos un ejemplo para explicarlo. Pongamos que compro un libro, el cual me cuesta 20 euros en librería. El escritor recibirá un euro (el 5%) por libro vendido, este es el porcentaje habitual. La editorial recibirá unos 7, el resto se lo quedan distribuidor y tienda.

En consecuencia, ¿el castigo debería ser un euro o deberían ser 7? Lo cierto es que si me bajo ese mismo libro del p2p la copia me ha he hecho yo, y la editorial se supone que ha impreso sólo las copias que espera vender, teniendo en cuenta todos los factores, incluso el p2p. Si la editorial me demandase por 7 euros, estaría pretendiendo recibir una indemnización por un daño que no ha sufrido. Ese ejemplar, esa copia que yo me he bajado, nunca ha sido impresa ni almacenada, nunca les ha generado tales gastos.

Análogamente, con los CDs pasa algo parecido. Los libros se han visto poco afectados por el p2p, pero las discográficas señalan que las ventas de CDs han bajado a un tercio de lo que eran en unos pocos años, y le achacan esta bajada al p2p. Es una afirmación discutible, porque el CD se ha quedado obsoleto y eso también ha podido influir en la bajada de ventas del mismo (nótese que las descargas de pago no han parado de subir), pero lo que aquí nos importa es que la discográfica asume costes en base a la situación del mercado en cada momento.

Si hace 7 años esperaba vender 30.000 CDs de cierto álbum, los costes de impresión, almacenaje, promoción, o cualquier otro coste que tuviese, fueron aceptados (o rechazados en muchos casos) en virtud de las ventas que esperaba tener. Si ahora espera vender 10.000 CDs de otro álbum, entonces imprimirá sólo 10.000, no 30.000, y almacenará los que ha impreso ahora, no los que hubiera impreso hace 7 años, y el gasto de promoción o cualquier otro coste también irá en consonancia con la situación actual, no la de hace 7 años. En otras palabras, las discográficas, como haría cualquier otra empresa, sólo sacan al mercado un disco si esperan obtener beneficio. En caso contrario, no lo sacan. Lo cual, dicho sea de paso, ha dejado de ser un problema para el artista, que ahora puede publicar su canción en Internet a coste cero, e incluso ponerla a la venta en iTunes y otras tiendas web pagando unos pocos dólares a Tunecore por gastos de tramitación.

Obviamente, a las discográficas no les hace gracia que las ventas de CDs estén bajando. Para un mismo porcentaje de beneficios, 3 veces menos ventas significan 3 veces menos beneficios, pero eso ya es la evolución del mercado. A los fabricantes de carruajes seguro que tampoco les hizo gracia que las carrozas se vieran sustituidas por los coches. En definitiva, aquí estamos hablando de derechos de autor, no de un imaginario derecho del intermediario a que su mercado siga siendo tan gordo como lo era antes, y por tanto la única indemnización justa es la que corresponde al artista o al escritor, 3 céntimos o un euro respectivamente.

¿3 céntimos por canción es una miseria? Sin duda alguna, pero es exactamente esa miseria la que recibe el artista, ese es exactamente el precio al cual el artista ha aceptado por su propia voluntad que se venda en Internet una copia de su canción. ¿A los artistas no les gusta ese precio? Pues que le reclamen a la discográfica, que son los artistas, y no yo, los que han firmado con ella, en lugar de poner ellos mismos sus canciones en iTunes usando Tunecore. Supongo que no querrán que yo les pague una indemnización mayor, si ellos mismos han valorado en eso su canción.

Hay gente que se baja muchas canciones. Pongamos que alguien se ha bajado mil. Siguiendo esta regla, la indemnización a pagar sería de 30 euros. Es más, si los artistas ponen un sistema de pagos en Internet en virtud del cual se les pueda pagar 3 céntimos por canción, hasta nos ahorraríamos los juicios. Pero claro, esto no lo quieren las discográficas. Ellas piensan que es mejor si seguimos pagando mil dólares por mil canciones, unos 650 euros en lugar de 30. Una vez destapadas todas las mentiras, de esto va este tema, de la muy jugosa diferencia entre 650 euros y 30.

¿Y si los artistas empiezan a usar masivamente Tunecore? Muchos ya lo han hecho, incluidos un buen número de artistas famosos, y el artista que lo haga sí que puede reclamar 70 centavos de indemnización, porque sí se está llevando esos 70 centavos de iTunes. No obstante, tengo la fuerte impresión de que, tan pronto como las discográficas queden fuera de las ventas en Internet, dejaremos de oír hablar de ilegalizaciones y de castigos. ¿Por qué será que tengo esta impresión? En cualquier caso, 70 centavos para el artista sí sería un dinero bien empleado, ese sí sería un castigo justo si es que tanto empeño tenemos en hablar de castigos.